La Comisión Europea ha propuesto nuevas normas para todos los países miembros en las que las autoridades policiales y judiciales (aquí entramos nosotros, los peritos judiciales) puedan obtener mucho más fácil y más rápido que hoy en día, las evidencias digitales y pruebas electrónicas, como mails, documentos en la nube, whatsapps, mensajes en redes sociales, etc…, que necesitan para investigar, enjuiciar y condenar a delincuentes o ciberdelincuentes.

Ahora, gracias a estas nuevas normas, se podrá seguir mejor las pistas en línea y transfronterizas entre los estados miembros.

Como sabemos, las evidencias electrónicas son cada vez más importantes en los procesos judiciales y policiales, y evidentemente no podemos permitir que los delincuentes exploten la informática y la telemática para ocultar sus actividades delictivas y eludir las acciones de la justicia.

Hoy en día, nos encontramos, en muchas de las investigaciones que realizamos desde INVACI o desde forenseTIC (siempre que son judiciales), las pruebas electrónicas en otros países y no pueden ser debidamente investigadas. Esto se acentúa cuando es la Policía o la Guardia Civil la que debe investigar, porque para ellos el tiempo es primordial. Por esto, entre otras, la Comisión Europea pretende contribuir a solventar el problema.

Dichas propuestas tendrán algunos efectos muy significativos, detallando aquí los más importantes:

  • Se creará una orden europea de entrega.
    • Esto permitirá a la autoridad judicial de un Estado miembro solicitar pruebas electrónicas (evidencias digitales como correos electrónicos, textos o mensajes en aplicaciones) directamente a un prestador de servicios que ofrezca sus servicios en la Unión y esté establecido o representado en otro Estado miembro (independientemente de la ubicación de los datos), que tendrá la obligación de responder en un plazo de diez días, y en un plazo de seis horas en caso de urgencia.
    • Hoy en día: ciento veinte días de la orden europea de investigación vigente o los diez meses del procedimiento de asistencia judicial mutua.
  • Se impedirá la supresión de los datos.
    • Esto se realizará con una orden europea de conservación: y permitirá a la autoridad judicial de un Estado miembro a obligar a un prestador de servicios que ofrezca sus servicios en la Unión y esté establecido o representado en otro Estado miembro a conservar unos datos específicos que permitan a la autoridad solicitar esa información más adelante, mediante la asistencia judicial mutua, una orden europea de investigación o una orden europea de presentación.
  • Se incluirán garantías y vías de recurso sólidas.
    • Ambas órdenes solo podrán ser emitidas en el marco de procesos penales y se aplicarán todas las garantías procesales del Derecho penal.
    • Las nuevas normas garantizarán una protección sólida de los derechos fundamentales, como la intervención de las autoridades judiciales y requisitos adicionales para obtener determinadas categorías de datos.
    • También incluirán garantías para el derecho de protección de los datos personales.
    • Los prestadores de servicios y las personas cuyos datos se soliciten podrán acogerse a varias garantías, como la posibilidad de que el prestador de servicios solicite una revisión en caso de que, por ejemplo, la orden sea claramente contraria a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
  • Se obligará a los prestadores de servicios a designar un representante legal en la Unión
    • Esto será muy importante para garantizar que todos los prestadores de servicios que ofrezcan servicios en la Unión Europea estén sujetos a las mismas obligaciones, aunque tengan su sede en un tercer país, estarán obligados a nombrar un representante legal en la Unión para la recepción, el cumplimiento y el control de la aplicación de las resoluciones y órdenes emitidas por las autoridades competentes de los Estados miembros a fin de recabar pruebas en los procesos penales.
  • Se ofrecerá seguridad jurídica a las empresas y a los prestadores de servicios.
    • Hoy en día, las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley suelen depender de la buena voluntad de los prestadores de servicios para que les remitan las pruebas que necesitan, mientras que, en adelante, aplicar las mismas normas para ordenar la entrega de pruebas electrónicas mejorará la seguridad jurídica tanto para las autoridades como para los prestadores de servicios.

Los delincuentes son rápidos cambiando sus estrategias y usando nuevas herramientas para hacernos daño. Siempre he dicho que va un paso por delante la tecnología que la justicia y las leyes, pero hoy mostramos que en la Unión Europea vamos a ser más rápidos e inteligentes en ciberseguridad y en investigaciones tecnológicas.


Fuentes:


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