Como aún estamos pendientes de la tramitación de la correspondiente ley orgánica en nuestro país, en el consejo de ministros del 27 julio se aprobó el Real Decreto-ley 5/2018, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español al nuevo Reglamento de protección de datos que entró en vigor el pasado día 25 de mayo, y que regula la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico al reglamento europeo, en aquellos aspectos concretos que no admiten demora y que no son objeto de reserva de ley orgánica.

El Reglamento UE/679/2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, es plenamente aplicable en España desde el pasado 25 de mayo. Implica el desplazamiento de las disposiciones de Derecho interno que no resulten conformes con él; lo que incluye muchos preceptos de la LOPD.

Numerosos preceptos del Reglamento se remiten a su desarrollo, obligatorio o potestativo, por los Estados miembros, y otras disposiciones del mismo exigen la adecuación del Derecho interno. Por ese motivo, actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria un proyecto de ley orgánica.

En concreto regula aspectos relacionados con:

  • Se atiende a la necesidad de identificar al personal competente para el ejercicio de los poderes de investigación que el Reglamento otorga a las autoridades de control. Se regula el modo en que pueden ejercerse dichos poderes, qué personas ejercen la actividad de investigación e inspección y en qué consisten esas atribuciones.
  • Articula el régimen sancionador, reemplazando los tipos infractores actualmente contenidos en la LOPD. Dos cuestiones fundamentales que se regulan son:
    • los sujetos que pueden incurrir en responsabilidad;
    • los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones.
  • Contiene la regulación del procedimiento en caso de que exista una posible vulneración del Reglamento. El Reglamento prevé una serie de trámites específicos para los supuestos de tratamiento de datos transfronterizos y transfronterizos con relevancia local en un Estado miembro. Estas previsiones imponen trasladar a las normas que regulen el procedimiento en caso de plantearse una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) así como en los supuestos en que, sin haber recibido reclamación, tenga la condición de autoridad principal respecto de la reclamación recibida en otro Estado Miembros o considere que ha de intervenir como interesada en un procedimiento ya abierto.

Además, el decreto designa como representante de España en el Comité Europeo a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).


Puede descargar el Real Decreto-ley 5/2018 de 27 de julio de 2018 pinchando aquí:


Fuentes:

  • elderecho.com
  • IVAC
  • BOE

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