Hace ya unos años, pero vale la pena recordarlo porque mucha gente sigue sin hacer caso; el Tribunal Supremo de España dictaminó en la Sentencia 300/2015 que:

“Será indispensable en tal caso la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores y, en fin, la integridad de su contenido.”

Según la sentencia, no es suficiente con presentar como prueba las “capturas de pantalla” de la conversación, que son susceptibles de ser manipuladas, por lo que dichas conversaciones deben ser analizadas por un perito titulado y autentificadas en un informe pericial forense al objeto de demostrar su autenticidad.

Para que una conversación entre dos personas mantenida a través de una red social, sea considerada como auténtica y pueda ser aceptada como prueba judicial válida, debe ser autentificada por un perito titulado (con la profesión regulada de ingeniero de teleco o ingeniero técnico de teleco, en especial si son telemáticos) en un dictamen pericial.

La Sentencia del Tribunal Supremo viene a confirmar la necesidad, de contar con el visado de un dictamen pericial firmado por un perito titulado en informática, en telemática, o en telecomunicaciones, a la hora de autentificar contenidos en redes sociales como Facebook, Twitter, Linkedin, etc., o incluso, cuando se trata de mensajes intercambiados a través de WhatsApp.

Debido a la extrema delicadeza de la información personal que puede contener una cuenta de usuario de una red social, se recomienda únicamente confiar en un perito ingeniero colegiado, siempre sujeto a ética profesional, para la realización de un informe pericial informático o telemático sobre contenido en redes sociales.

Además de un correcto asesoramiento y proceder en la ejecución del trabajo, el peritaje telemático podrá ser recusado y/o tachado por no disponer el perito informático/telemático de las titulaciones universitarias requeridas, ya que la colegiación es garantía de haber obtenido dichas titulaciones y de estar plenamente capacitado y no inhabilitado para el ejercicio profesional.

La contratación de un perito no titulado es un riesgo que no debe asumirse, puesto que éste puede no estar en posesión de las titulaciones universitarias requeridas por la Ley de Enjuiciamiento Civil o estar inhabilitado profesionalmente.


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